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EL DERECHO A
SABER

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 «El conocimiento es poder. La información es liberadora. La educación es la premisa para el progreso de cada sociedad, de cada familia», dijo el antiguo secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan.

¿Las personas tienen derecho a la información? ¿Tenemos derecho a dotarnos de conocimiento para así tomar decisiones personales basadas en este?

Cuando se trata de la diferencia que puede hacer el acceso a la información en la vida de las personas, los hechos son claros. Por ejemplo, el conocimiento preciso y la información fiable sobre la planificación familiar marcaron la diferencia en la vida de las mujeres de todo el mundo. «La promoción de la planificación familiar [...] es fundamental para asegurar el bienestar y la autonomía de las mujeres, al tiempo que respalda la salud y el desarrollo de las comunidades», de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.  

Por su parte, el acceso a la información acerca del medioambiente reveló pruebas contundentes de que el cambio climático es, a ciencia cierta, real.  Con esta información, las personas pueden intervenir tanto desde lo personal en sus vidas cotidianas como en la contribución al diálogo sobre las políticas. 

 Donde la salud pública se puede mejorar, existe un sólido argumento para poner a disposición información fiable y basada en los hechos sobre productos menos perjudiciales para darle a la persona la posibilidad de tomar decisiones acerca de su propia salud. 

La libertad de información, el acceso al conocimiento basado en los hechos y el poder que esto genera para tomar decisiones informadas se evidencia en la base de la democracia liberal. Sin embargo, mientras que países como Suiza, desde el siglo XVIII, introdujeron legislaciones sobre la libertad de información (consideradas como las más antiguas del mundo en su tipo), otros como Sudáfrica y la India aprobaron las suyas recién en 2000 y 2005, respectivamente. 

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A pesar de que aumentó el acceso a la información en la era del internet y que el «derecho a saber» está ampliamente aceptado desde el punto de vista intelectual, es difícil identificar la información fiable. 

De acuerdo con el Edelman Trust Barometer 2018, a nivel mundial, casi 7 de cada 10 personas de la población general están preocupadas por las noticias o la información falsa que se utiliza como un arma.  El 63 % concuerda en que la persona promedio no sabe cómo distinguir entre el buen periodismo y los rumores, y el 59 % afirma que resulta cada vez más complicado saber si una noticia fue producida por una agencia de medios respetada. 

Por lo tanto, una legislación que permita mayor transparencia es fundamental para un momento en que la confianza del público se encuentra en decadencia. 

Hoy en día, está ampliamente aceptado, y legislado a nivel mundial, que es un derecho de la mujer tener acceso a información precisa respecto a la planificación familiar, los métodos anticonceptivos y la salud reproductiva. La ONU ha demostrado que esta información y las opciones subsecuentes disponibles aumentaron los años de escolarización y la expectativa de vida femenina, así como el PIB per cápita. El Foro Económico Mundial declara que la información fiable y el acceso a la planificación familiar no solo salvan vidas, también ahorran dinero. Algunos gobiernos están reconociéndolo, como Tailandia, cuyo Ministerio de Salud aumentó el presupuesto destinado a la planificación familiar el año pasado sobre la base de que la inversión de hoy ahorrará costos en la atención de la salud del futuro.  

La Organización Mundial de la Salud declara que es un derecho para las personas y las parejas tener acceso a la información. Sin embargo, no siempre fue así. 

La Proclamación de Teherán de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de 1968 de las Naciones Unidas fue el primer documento internacional que reconoció los derechos reproductivos. En el seno de esos derechos está la información como elemento fundamental para posibilitar la libertad de elección personal. La Proclamación presionó a los gobiernos de todo el mundo para que garantizaran la disponibilidad de información precisa sobre planificación familiar y opciones reproductivas para todos (independientemente del nivel socioeconómico). 

Sin embargo, no son solo las organizaciones mundiales ni las ONG las que trabajan para modificar las políticas gubernamentales sobre el acceso público a la información. La relación entre las empresas y el Gobierno es esencial para resolver los problemas más complejos de la sociedad.

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Las personas esperan que el sector privado tenga un punto de vista al respecto, que tome medidas. Por ejemplo, el 86 % de los consumidores de los EE. UU. considera que las empresas deben adoptar una postura sobre los problemas sociales, de acuerdo con Shelton Group’s ‘Brands & Stands 2018: La causa social es el «nuevo negro». La última edición de «Global Consumer Pulse Research» de Accenture (una encuesta mundial sobre 30 000 individuos) reveló que casi dos tercios de las personas esperan que las marcas tengan un compromiso genuino y significativo con los principios fundamentales. Entre los consumidores, el 62 % quiere que las empresas adopten una postura sobre los problemas sociales, culturales, medioambientales y políticos que más les preocupan. 

We Mean Business es un ejemplo del sector privado tomando partido. Como coalición de empresas preocupadas por el cambio climático, la organización tiene un mandato de alcanzar el carbono neto cero para 2050 y alienta a los gobiernos a que tomen medidas contundentes. Comprometiéndose con la acción ellos mismos y promoviendo la libertad de información sobre el cambio climático, tienen la capacidad de marcar la diferencia. Por ejemplo, reclaman que no se podrá ganar la batalla contra el cambio climático sin que el sector privado lleve adelante las innovaciones y los cambios del mercado necesarios. 

Cuando se trata de la salud, la información fiable y el acceso a ella es, probablemente, lo más importante. Y cuando se trata del acceso a la información sobre mejores opciones respecto a seguir fumando, los fumadores adultos deben tener ese derecho.

Casi 7 de cada 10 personas ven con aprobación que las empresas tabacaleras trabajen con los gobiernos, las entidades reguladoras y los expertos en salud pública para garantizar que los fumadores tengan acceso a alternativas de producto e información precisa sobre ellos (de acuerdo con la investigación de Povaddo realizada para PMI).

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Esta reciente investigación descubrió que más de dos tercios de los fumadores tendrían una mayor predisposición a elegir productos alternativos si tuvieran más clara la diferencia entre estos productos y los cigarrillos. No obstante, también sacó a la luz que el 41 % de las personas no conoce los productos alternativos que calientan el tabaco sin quemarlo. La investigación demostró que la libertad para acceder a la información, la cual debería ser un derecho básico para todos, podría tener un efecto positivo en la reducción de los índices de fumadores.

Se ha demostrado que el acceso a la información mejora la salud pública en diferentes áreas. Nos encontramos en una era en que gobiernos y empresas a la par están tomando medidas para abordar un problema mundial de salud pública. En este contexto y en respuesta a las consignas de libertad de información, es un imperativo lógico dar acceso a información fiable y basada en los hechos sobre las alternativas respaldadas por la ciencia para que cada persona decida sobre su propia salud. 

En 1997, Kofi Annan llamó a una asociación mundial por la información (empresa, Gobierno, organización y persona) diciendo que «si la información y el conocimiento son centrales para la democracia, entonces son condiciones para el desarrollo».  En PMI queremos participar del proceso hacia un futuro mejor, sin humo, a través de la democratización de la información para todos.

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